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Zaplana, élites extractivas y regeneracionismo español / Por Manuel Peinado

Zaplana, élites extractivas y regeneracionismo español / Por Manuel Peinado

La detención de Eduardo Zaplana ha sido la crónica de arresto anunciado. Una vez más, parece que se comprueba lo que han dichos algunos humoristas: que en la boda de la hija de Aznar los únicos honrados eran los camareros. En cualquier caso, la inmediata entrada en el calabozo (de momento), su más que presumible ingreso en prisión preventiva (a corto plazo) y definitiva (a largo), me recuerdan algunas lecturas.

Hay tres clases de libros: los que hay que consultar una vez, los que merecen una lectura en la vida y los que hay que tener. Por qué fracasan los países de los politólogos bostonianos Daron Acemoglu y James A. Robinson (Deusto 2012) pertenece a la última categoría. Es de esos que deben ser atesorados en la biblioteca para revisar y leer una y otra vez, y para seguir su rastro en algunos libros que se han ocupado del caso de la corrupción política española.

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En España parecen estar repitiéndose los fundamentos políticos del Regeneracionismo de finales del XIX y principios del XX. Por resumir, el desarrollo de aquel Regeneracionismo finisecular fue una consecuencia directa de la crisis del sistema político fundado por Cánovas en la Restauración: la alternancia de partidos, que había proporcionado al país una estabilidad ilusoria que se sostenía sobre gran corrupción política que ocultaba la miseria del pueblo, el desigual reparto geográfico de una tardía revolución industrial, el caciquismo, el pucherazo electoral y el triunfo de una oligarquía económica y política que, una vez adueñada prácticamente de todo el suelo productivo del campo español, había creado la mano de obra barata en una extensa clase de jornaleros hambrientos.

El papel de esa oligarquía es lo que Acemoglu y Robinson teorizan en su teoría de las “élites extractivas”. El enunciado de la teoría es muy simple. La clase política no sólo se constituye en un grupo de interés particular, como la banca, por poner un ejemplo, sino que ha dado un paso más, consolidándose como una élite extractiva, que se caracteriza por tener un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio.

Recuperando el espíritu regeneracionista y aplicando tácitamente o claramente esa teoría, algunos autores han emulado a Joaquín Costa o a Lucas Mallada y han escrito textos de notorio pesimismo y ácida crítica hacia un marco social e institucional que entienden funesto para el desarrollo del país. Así, hemos podido leer Corrupción y política. Los costes de la democracia, de Javier Pradera (2014), El dilema de España. Ser más productivos para vivir mejor, de Luis Garicano (Atalaya, 2014), Qué hacer con España. Del capitalismo castizo a la refundación de un país, de César Molinas (Imago Mundi, 2013), La urna rota. La crisis política e institucional del modelo español, del colectivo Politikon (Debate, 2014), o España estancada. Por qué somos poco eficientes, de Carlos Sebastián (Galaxia Gutemberg, 2016). De esos textos hemos podido deducir que el origen esencial del «mal» de España no genético, ni está basado en factores culturales atávicos, sino en el erróneo diseño de una gran parte de nuestras instituciones políticas, económicas y sociales. El neoinstitucionalismo económico, otro término tomado de Por qué fracasan los países, ha sido el principal referente teórico que ha dado fundamento a estas críticas.

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En las primeras páginas del tercer (y esencial) bloque de su libro, César Molinas realiza un repaso histórico sobre la evolución del capitalismo en España y la influencia del entorno geográfico y de la propia historia en la configuración de un mercado no competitivo en nuestro país, más pendiente de las dádivas del poder que de la elección del consumidor. Este repaso histórico marcado por ese “capitalismo castizo”, estilo palco del Bernabéu, conduce a la hipótesis (que no teoría, como él la llama) de Molinas sobre la clase política española. A excepción del paréntesis histórico que representó la transición liderada por una generación de auténticos políticos con vocación de servicio público, Molinas concluye que desde entonces la “cosa pública” ha sido colonizada por una nueva clase de políticos, que, como los del pasado pre regeneracionista, sólo buscan en la Administración fuentes de renta personales. De este modo, el autor defiende que la democracia española ha acabado capturada por un cartel de políticos que sólo buscan la maximización de sus beneficios personales. Para ello, los responsables públicos utilizan criterios discrecionales con el único fin de apropiarse de las rentas producidas, cuyo colofón es el aumento insostenible de la deuda.

Como resultado de ese comportamiento de la clase política, la crisis del país sería como la Santísima Trinidad, “una y trina”. En primer lugar, España estaría sufriendo una crisis de deuda acumulada por las actividades lucrativas generadas por los políticos locales. En segundo lugar, el país sufre una crisis político-institucional fruto de la actuación de esta clase política que habría pervertido a las propias instituciones. Y consecuencia de todo ello, estaríamos atravesando también una crisis moral derivada de la actuación de los políticos y de la corrupción que asola el ejercicio del poder. El diagnóstico es meridiano: ante tales desatinos, la crisis múltiple que atraviesa el país sólo se superará sustituyendo a esta clase política por otra totalmente nueva, sin los vicios de la actual y con las bondades de aquélla, que construyó la transición.

Sin olvidar que la explicación casual centrada en una clase política explotadora resulta demasiado simple cuando el resto del país vivía también en la gloria, y no sólo económica como explicita Antonio Muñoz Molina en su Todo lo que era sólido (Seix Barral, 2013), no se puede, en ningún caso, minimizar la responsabilidad de los agentes políticos en la crisis del sistema para repartirla entre todos nosotros de modo que no haya culpables, no se puede olvidar que, durante la actual crisis de la que no acabamos de salir por más que Rajoy haga lo que el Barón de Münchhausen para salir de la ciénaga, fueron los financieros quienes canalizaron la liquidez hacia las burbujas sectoriales sin valorar los evidentes riesgos, y los empresarios e inversores los que construyeron autopistas o instalaron huertos solares y, en algunos casos, tal como la justicia está tratando de desentrañar, bajo acuerdos ilegales. Todo ello con el beneplácito de trabajadores cuyos salarios crecían más que el ritmo de productividad, mientras miles de jóvenes abandonaban los estudios por un buen salario en los sectores ligados a la burbuja. Sin duda, a quien más responsabilidad tiene, más se le debe exigir, pero condensar en exclusiva una crítica a los políticos de la relajación moral que protagonizó nuestra pequeña historia durante más de una década resulta demasiado simplificador.

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Por todo ello, cualquier comparación de nuestras élites políticas con las clases extractivas de Acemoglu y compañía no habla mal de nuestros políticos, sino de los españoles, porque a diferencia de los países analizados por los profesores bostonianos (en su mayoría dictaduras tercermundistas), en España los ciudadanos se retratan en las urnas. Por ello, la teoría de Molinas, siendo sugerente ante el alicorto perfil profesional de nuestros políticos, es apenas una hipótesis que no logra contrastar porque ni explica cómo esa clase ha alcanzado el poder y sobre todo cómo lo mantiene sin recurrir a la coacción del Estado.

En todo caso, de confirmarse las imputaciones, el recién estrenado presidiario, Eduardo Zaplana, ex de casi todo en política, es el arquetipo del político inmerso en la corrupción. Porque corrupción es abuso de poder para beneficio privado, directo o indirecto. Cuando a una persona se le otorga poder para que lo use en beneficio del grupo que se lo cede de buena fe y, traicionando la confianza, lo utiliza para beneficiarse directa o indirectamente, estamos ante un caso de corrupción.

Pero no puedo terminar sin insistir en que fijarse solamente en la corrupción perseguible penalmente brinda una imagen distorsionada del problema. En los países más desarrollados económicamente, la corrupción más preocupante es la denominada corrupción legal. Aquella consistente en la captura de ciertas políticas públicas o, al menos, de decisiones fundamentales en el marco de dichas políticas por poderosos grupos de interés. Como ha recordado Manuel Villoria en La corrupción en España (2016), «la captura puede realizarse a través del estratégico aterrizaje en puestos importantes del Gobierno, en órganos regulatorios o en comités asesores clave; también mediante el reclutamiento de políticos bien relacionados y poderosos para su incorporación a consejos de administración bien remunerados; o mediante la presión mediática, dado el control de grandes grupos multimedia. Más aún, la captura opera en cascada: si se consigue la captura en la Unión Europea, luego ya las capturas nacionales son más sencillas, y así sucesivamente».

Sea cual sea su modalidad, la constante presencia en los medios de escándalos de corrupción está teniendo un impacto terrible sobre el grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia y la confianza en las instituciones representativas que está llevando a algunos a buscar soluciones peligrosas que traen a la mente la “mentalidad sumarísima” (al estilo “esto yo lo soluciono en 24 horas”) contra la que nos alertó Rafael Sánchez-Ferlosio.

© Manuel Peinado Lorca. @mpeinadolorca.

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