Hace ya seis años, el 14 de abril de 2010, se interpuso una querella ante los Tribunales de Justicia de la República Argentina con el objetivo de que se investiguen los crímenes cometidos por los integrantes de la dictadura franquista, que se identifique a sus responsables y se los sancione penalmente.
Amparados en la Legislación Internacional de la ONU sobre Justicia Universal, las víctimas del franquismo presentaron en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1, de Buenos Aires, República Argentina, a cargo de la Jueza María Servini de Cubría, la querella 4591/2010, denominada “N.N. por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas”. La querella fue presentada por familiares de asesinados y desaparecidos durante dicha dictadura y diversas asociaciones españolas y argentinas.
Diversas medidas adoptadas en los últimos años por la Justicia argentina acreditan que la querella avanza sólidamente hacia el cumplimiento de sus objetivos. Estos avances suponen una pequeña satisfacción que constata que estamos frente a “una historia de ida y vuelta”. Por todos son conocidos los procesos judiciales que se instruyeron en España para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura argentina. Cabe recordar en este sentido avances jurídicos históricos conseguidos en los últimos años, como, por ejemplo, la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres durante más de quinientos días; la del marino argentino Ricardo Miguel Cavallo, detenido en México, extraditado a España y luego entregado a la Justicia Argentina donde fue juzgado y condenado a reclusión perpetua; el juicio y condena a Adolfo Scilingo, que cumple en cárceles españolas la pena de 1.084 años de prisión que le fue impuesta por el Tribunal Supremo; o las cientos de órdenes de busca y captura internacional y las múltiples incidencias procesales que desnudaron los inauditos beneficios con los que los poderes democráticos habían agraciado a grandes violadores de los derechos humanos.
Estas medidas han abierto definitivamente un nuevo camino en el Derecho Penal Internacional y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y han colaborado decisivamente para poner fin a la impunidad en Argentina y Chile, países en los que hay actualmente cientos de condenados.
Ambos procedimientos fueron instruidos en virtud del principio de Justicia Universal que habilita a los órganos judiciales de un Estado para la investigación de crímenes cometidos fuera de sus fronteras, sin que sea necesario que los mismos afecten a sus intereses, o sean cometidos por o contra sus ciudadanos en el extranjero o que los autores de los delitos se encuentren en su territorio. Su único límite es que los responsables de estos actos ilícitos hubieran sido ya juzgados en otro país, en el del crimen o en cualquier otro. De esto modo queda garantizado que todos los afectados pueden hacer oír su voz y su denuncia, que la vocación de los procesos es la de enjuiciar y castigar a todos los responsables y es la naturaleza internacional del crimen lo que determina el carácter universal de la jurisdicción. El tribunal de justicia actúa en nombre y representación de la comunidad internacional.
El mayor aliciente que permite movilizarnos, y que a nivel personal será un orgullo defender en el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, es el objetivo de impedir la impunidad de los causantes de aquellos crímenes que la conciencia universal y el derecho internacional han elevado a la categoría de imprescriptibles, inamnistiables e indultables. Su implementación, hasta ahora, ha sido llevada adelante, paradójicamente, por la Justicia española que hoy se niega, con falaces argumentos, a investigar los crímenes del franquismo y juzgar a sus responsables. Estas medidas abrieron definitivamente un nuevo camino en el Derecho Penal Internacional y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y colaboraron decisivamente para poner fin a la impunidad en Argentina y Chile, países en los que hay actualmente cientos de condenados.
En España se abrieron posteriormente otros procesos judiciales similares, como, por ejemplo, el genocidio cometido en Guatemala y ante la contraposición de posturas de distintos tribunales sobre la posibilidad de abrir estos procesos penales, finalmente el Tribunal Constitucional se pronunció reafirmando que la jurisdicción española investigar es competente para investigar estos procesos, demostrando que acabar con la impunidad es posible.
Queda claro que la enorme presión social, alentada por la actuación de tribunales extranjeros, y el apoyo institucional de ciertos organismos que creen en esta justicia universal propiciaron que se empezaran a derrumbar los muros de impunidad en las sociedades afectadas y que las justicias locales empezaran a cumplir su función, aceptando denuncias y querellas, procesando a los responsables y emitiendo las primeras condenas. La aplicación efectiva del principio de jurisdicción universal se reveló entonces como un instrumento formidable para combatir mundialmente la impunidad.
Es la hora de los responsables de los crímenes cometidos por y durante el franquismo. Es lamentable que el mismo Tribunal Supremo que condenó a Scilingo por sus delitos haya decidido, en una bochornosa resolución, que los crímenes del franquismo no pueden ser investigados por la justicia española. Por todo ello en varios ayuntamientos se debatieron iniciativas de apoyo y Comunidades Autónomas (como Asturias o Andalucía y recientemente varias diputaciones) que ya han mostrado su total apoyo a este proceso.
Tengo la convicción de que la querella argentina ha de cumplir un importante papel en la lucha contra la impunidad del franquismo y que ésta no podrá resistir el embate de una sociedad cada vez más consciente del pasado que se ha pretendido hurtarle. Llegará tal vez para gran parte del pueblo español la hora de la verdad, la justicia y la reparación. Y millones de personas en todo el mundo lo celebrarán. Es por todo ello un orgullo a nivel personal trabajar ahora a nivel regional para defender principios como este, que constituyen en sí una “historia de ida y vuelta”.
