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La Guardia Civil entra en el Ayuntamiento de Alcalá por el caso Cofely

La Guardia Civil entra en el Ayuntamiento de Alcalá por el caso Cofely

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a cargo del juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional entró en las dependencias del Ayuntamiento de Alcalá el pasado jueves, según ha trascendido este lunes para solicitar información detallada sobre las investigaciones de la Operación Púnica, en actuaciones “realizadas por los anteriores gobiernos municipales del PP, presididos por Bartolomé González y posteriormente por Javier Bello”, afirma el Ayuntamiento en un comunicado hecho público este lunes.

Para el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez, que tuvo que declarar ayer como testigos junto a otras cinco personas del Consistorio, “es muy positivo que el arduo trabajo realizado hace un año en la comisión de investigación de COFELY y Waiter Music y el envío delo investigado a la Audiencia esté dando sus frutos y sirva para que la justicia haya tenido más datos sobre los que poder trabajar”. El actual equipo de gobierno, considera su “obligación” y su “convicción” prestar todo el apoyo a la Justicia en la lucha contra la corrupción, “una lacra que debe ser combatida a fondo por el Estado de Derecho en todos sus niveles y ámbitos”.

Una información que salpica a Bartolomé González

Vozpopuli ya adelantaba este lunes estos registros, aunque no se concretaba más novedades al respecto de lo que ya se informó en julio 2015. En dicha noticia, recoge la confesión que uno de los detenidos por la Púnica, David Marjaliza, hizo contra el ex alcalde de Alcalá, Bartolomé González, al que acusaba de haber recibido una comisión de 60.000 euros por una operación cuya gestión comenzó bajo su mandato, pero finalizó ya con Javier Bello como alcalde.

Requerido hoy por La Luna de Alcalá, Bartolomé González se remitió a lo dicho en el mes de julio. Entonces, el ex alcalde negó los hechos y afirmó estar “tranquilo”, porque “no hay nada”. Esos días afirmó en Onda Cero que conoció a Marjaliza hace veinte años cuando éste era presidente de Nuevas Generaciones del PP de Valdemoro, pero que desde que dejó la política no ha vuelto a tener contacto.

bartolomegonzalez

Además, Bartolomé González afirmó que, aunque los trámites se realizaron durante su mandato, cuando se adjudicó el contrato con Cofely -de unos 14 millones de euros- ya no era alcalde de Alcalá. “Si hubiera tenido algún interés no me habría ido sin adjudicarlo, cosa que no hice”. “El único interés era para la ciudad porque había que sustituir las calderas. Esto suponía un desembolso importante, por lo que nos pareció bien acceder a los fondos europeos de la Comunidad de Madrid mediante este concurso”.

El actual diputado de la Asamblea de Madrid también añadió que “hablamos de una supuesta declaración, que está bajo secreto de sumario y en la que no sé si ha dicho mi nombre o ha citado un cargo”. “Podía referirse a alguien de Alcalá que no soy yo. A lo mejor no hablaba del alcalde”, añadió. Por si acaso, Bartolomé González presentó la querella por un delito de calumnias contra Marjaliza.

Un contrato de 14 millones
El Ayuntamiento de Alcalá firmó un contrato de 14 millones por una adjudicación a 15 años con Cofely para el mantenimiento de seis calderas en colegios públicos y las de las dos ciudades deportivas municipales. La adjudicación de este contrato fue enrevesada. Se firmó en octubre de 2013, ya con Bartolomé González fuera del consistorio alcalaíno, aunque los primeros contactos con la firma se produjeron durante su mandato.

Sin embargo, el ex regidor dejó la Alcaldía en el verano de 2012, antes de que se decidiera o no la adjudicación del contrato en la Junta de Gobierno, que contaba con informes técnicos contradictorios acerca del posible ahorro que podría generar esta externalización del servicio de mantenimiento de calderas. El proceso se paralizó hasta que se contó con el informe de una auditoría externa. Una vez recibido el informe se adjudicó en octubre de 2013, un año antes de que estallara el caso Púnica.

El Ayuntamiento creó una comisión de investigación para esclarecer los pormenores del contrato. “Si alguien se ha lucrado personalmente, iré contra él”, dijo el ya ex alcalde de Alcalá y sucesor de González en el Ayuntamiento, Javier Bello.

La comisión finalizó en marzo de 2015 con unas conclusiones que fueron enviadas al Juzgado Central Número 6 de la Audiencia Nacional –el mismo que está realizando las actuales diligencias-. En dichas conclusiones se exigían responsabilidades políticas al anterior alcalde Javier Bello, y a tres concejales: Marcelo Isoldi, Virginia Sanz Jurado y Jesús Fernández Pascual. Dichas conclusiones, y su envío a la Audiencia Nacional, fueron aprobadas con los votos favorables de PSOE, IU, UPyD y el Grupo Mixto España 2000 (15 votos) y el voto en contra del Partido Popular (12 votos).

El actual equipo de gobierno está en proceso de rescindir el contrato con COFELY debido a su mala ejecución y a los incumplimientos del mismo. A pesar de estos hechos, la empresa solicita al Consistorio una compensación de aproximadamente 3 millones de euros.

El PP ofrece la máxima colaboracion a la justicia

Por su parte, el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Alcalá Henares, el PP ratifica públicamente su compromiso de “máxima colaboración” con la justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; hasta el momento, nadie se ha dirigido ni al PP de Alcalá ni al Grupo Municipal Popular para recabar dato o información alguna. Asimismo, desde el PP de Alcalá se insiste en que el posicionamiento es de “tolerancia cero” contra la corrupción, añaden en un comunicado.

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