La acampada de la PAH se ha mostrado esceptica ante la apertura de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, porque «la ley está en contra de las personas afectadas por la hipoteca, y las soluciones llegan mediante la presión del colectivo a las entidades financieras». La PAH asegura que esta oficina «no resuelve los problemas habitacionales». «Es perfectamente compatible con la reivindicación que seguimos manteniendo con la acampada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la Plaza de Cervantes: la creación de un parque de vivienda municipal en alquiler social y la habilitación de viviendas de emergencia para las situaciones de falta de alternativa», añade.
«Una oficina de intermediación hipotecaria, como su nombre indica, no resuelve los problemas de vivienda no hipotecarios: los de aquellos vecinos que no pueden afrontar el alquiler, como nuestros compañeros Jenny y Juan Carlos; los de aquellos que ya han sido desahuciados por no poder pagar el alquiler, como Ramón, Yolanda y sus dos hijos; o los de aquellos como Susi y sus dos hijos menores, sin vivienda, que no pueden acceder siquiera a un contrato de arrendamiento y van de casa en casa de sus familiares», explican en un comunicado hecho público hoy.
«Mientras se inaugura la oficina, nuestras compañeras, como otros muchos vecinos de Alcalá, continúan sin recibir soluciones desde la Concejalía de Vivienda. En la acampada seguimos aguantando el frío, la lluvia y la falta a la verdad de la concejala cuando afirma que ya se han ofrecido soluciones a los casos más graves que conocemos desde la plataforma. Mientras se inaugura la oficina, nuestro compañero Ramón duerme cada día en la acampada porque es el único lugar que le queda tras ser desahuciado el 16 de septiembre, y nuestra compañera Susi va cada día de casa en casa de familiares que puedan acoger a sus hijos», dice la nota, en la que aseguran que la PAH «siempre se ha ofrecido a colaborar en la búsqueda de soluciones».
«Lamentamos, sin embargo, que lo que la concejala nos prometió como una mesa abierta a los movimientos sociales en la que se iban a tratar los problemas de vivienda de nuestra ciudad se haya transformado en solo dos meses en la misma oficina de intermediación hipotecaria aprobada hace ya dos años y medio; en esta ocasión, sin conocer aún cuánto costará a las arcas municipales el acuerdo marco firmado con el Colegio de Abogados. Con los 100.000 euros anuales de hace dos años y medio se podían haber rehabilitado las viviendas en propiedad del Ayuntamiento y el Ivima que permanecen vacías en nuestra ciudad», afirman en el comunicado.
Por eso, insisten en la existencia de un parque público de vivienda municipal en alquiler, accesible a todas las personas independientemente de sus ingresos.
