El Ayuntamiento de Alcalá ha puesto en cuestión la labor realizada por el Centro Integral Municipal de Protección Animal (CIMPA) y tras varios meses de investigación y seguimiento de las actividades desarrolladas, el concejal de Medio Ambiente, Alberto Egido, prevé promover la iniciación de varios procesos sancionadores contra la empresa concesionaria del servicio. «Estas actuaciones están motivadas por la presunta comisión de graves irregularidades que podrían estar comprometiendo las condiciones de atención y cuidados que deben recibir los animales que residen en este centro público», afirma el Consistorio en una nota.
«El concejal responsable del área, acompañado por técnicos municipales, ha realizado varias visitas a las instalaciones del CIMPA que han sido complementadas por otras de los miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y agentes de la policía local de Alcalá de Henares. El fin de estas visitas ha sido comprobar personalmente el estado en que se encontraban los animales allí recogidos (perros y gatos principalmente). En el proceso también colaboran con la concejalía varias organizaciones animalistas que desde hace algún tiempo venían alertando de posibles malas prácticas en este espacio y cuyas aportaciones están resultando de inestimable utilidad en el marco de estas actuaciones», añaden en el comunicado.
En el citado texto, afirman que «como consecuencia de las investigaciones y tras comprobar el lamentable estado en que se encontraban algunos ejemplares, los responsables municipales han optado por poner en marcha varias medidas cautelares conducentes a garantizar las mejores condiciones de vida de los animales y establecer la depuración de las responsabilidades de cualquier tipo en que haya podido incurrir la empresa adjudicataria del servicio. En algunos casos ha sido necesario trasladar algunos perros a clínicas veterinarias externas al servicio para garantizar el mejor tratamiento acorde a sus necesidades».
Cabe recordar que la empresa Desratizaciones Parque S. L., resultó adjudicataria de este servicio en junio de 2014, en el marco de la anterior legislatura. La firma fue la ganadora de un proceso de licitación en el que la oferta económica fue el criterio más valorado El coste de este servicio asciende a un total de 79.376 euros anuales, lo que representa un ahorro en torno al 18% sobre el precio que se establecía en el pliego planteado por el anterior equipo de gobierno.
